El sector agroalimentario, mucho más que cualquier otro ámbito productivo, ha sido uno de los grandes baluartes de nuestra economía durante estos años de crisis, y seguirá siéndolo a corto y medio plazo, por su capacidad para generar empleo y renta de manera sostenida, por su impacto positivo en el territorio y en la demografía de nuestras comarcas, y por la riqueza cultural que representa.
Nuestra agricultura de regadío no solo es un activo económico de primer orden. Es también un patrimonio social, una parte imprescindible de nuestra identidad, que debemos cuidar entre todos.
Históricamente, las comunidades de regantes, como modelos de gestión privada y democrática de las
aguas, han asegurado la correcta distribución del recurso entre todos los usuarios, como entidades de
apoyo mutuo con una tradición centenaria, con un apego incuestionable al territorio en el que desarrollan su actividad y le da su razón de ser. Son un ejemplo exitoso de la viabilidad de la participación colectiva en la economía, que sabe que es posible combinar el beneficio individual de los socios con el bienestar común del colectivo, y que la capacidad del trabajo en común va mucho más allá de la suma de las aportaciones singulares de las partes.
Surgieron de la búsqueda de soluciones conjuntas a un mismo problema compartido por muchos pequeños y medianos agricultores, y que difícilmente habría tenido solución de forma individual: el acceso a recursos tan básicos como escasos en la agricultura moderna y, por tanto, tremendamente costosos: el agua en un medio semiárido, expuesto a constantes sequías y restricciones.
Y han sido protagonistas indiscutibles de la modernización definitiva del regadío en nuestro país, cuyos proyectos han sido financiados en buena medida a través de cajas rurales.
Conjuntamente hemos logrado situarnos en una posición de liderazgo y referencia internacional en el uso eficiente del agua disponible, en la dotación tecnológica de nuestras explotaciones y en la expansión y desarrollo del riego localizado, a mucha distancia de la inmensa mayoría de las agriculturas del planeta.
Nuevos modelos de aprovechamiento
La producción de alimentos es la actividad económica que más agua demanda en todo el planeta, ya que puede suponer entre el 70 y el 80 % del consumo total de agua en el mundo. Si bien una parte significativa de los países desarrollados tienen resueltas sus necesidades de suministro, y su preocupación se orienta hacia completar el ciclo de vida del agua con el menor impacto posible para el medioambiente, los de clima más cálido, los que tienen una mayor densidad de población y los que aún están en vías de desarrollo presentan con mayor o menor intensidad problemas de abastecimiento.
Diversos factores nos hacen pensar que cuadrar la oferta y la demanda de agua va a ser cada vez más complejo, ya que por un lado el consumo no para de crecer y la oferta es más variable e impredecible. En nuestro país, la agricultura, el turismo y una creciente población son demandantes de un recurso que no es precisamente abundante en estas tierras y que requiere de una adecuada gestión para asegurar su
disponibilidad. Además, nuestra geografía hace que existan notables diferencias entre las regiones más meridionales, con situaciones de déficit periódicas y cada vez más frecuentes, y las del norte, que hasta ahora no se habían enfrentado a este problema pero que recientemente han empezado a ser conscientes de la necesidad de ser previsores de cara al futuro.
Algunas medidas que podrían contribuir a la búsqueda de soluciones serían:
- Mejorar las infraestructuras de almacenamiento y distribución para evitar las pérdidas no deseadas.
- Optimizar el consumo humano, de la industria y, muy especialmente, de los cultivos. En esta línea, las posibilidades que ofrece la digitalización del sector agrario son muy interesantes, al poderse medir la demanda real de los cultivos y aplicar solo la cantidad que va a ser aprovechada por las plantas.
- Considerar otros sistemas de almacenamiento de agua en épocas de abundancia.
La construcción de grandes embalses está muy limitada, pero la recogida en pequeñas cuencas y, sobre todo, la recarga de los acuíferos subterráneos permitirá incrementar considerablemente los recursos disponibles. - Incorporar fuentes no convencionales de suministro y, muy especialmente, la desalación como alternativa para las zonas costeras.
- Facilitar la integración de las energías renovables en todo el ciclo del agua.
- Adaptar los modelos de gobernanza del agua. El modelo actual de distribución de los derechos de uso está basado fundamentalmente en criterios históricos, cuando se podría gestionar en base a criterios de carácter de utilidad social, ambiental y económica. Todo ello partiendo del principio de que un buen uso permitiría disponer de recursos suficientes para todos.
- Y también se deben fomentar los intercambios entre usuarios de agua, para que el recurso se pueda emplear en aquellas actividades que generen un mayor valor para la sociedad. Intentando siempre maximizar la utilidad y evitando que nadie se vea perjudicado.
En el momento actual, tomando los datos medios de precipitaciones en España, la
capacidad de almacenamiento disponible, las necesidades reales de los cultivos
(principales demandantes de agua) y la tecnología existente, consideramos que
asegurar una suficiente disponibilidad de agua es una cuestión más técnica y de
gestión que de escasez absoluta.
