El Acuerdo de París, formalizado como consecuencia de la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) en diciembre de 2015, y negociado por 195 países en el marco de Naciones, supuso un paso de gigante en la estrategia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tomando el relevo de los planteamientos del Protocolo de Kyoto. El papel de la Unión Europea ha sido fundamental en todo el proceso en términos de convencimiento y liderazgo, promoviendo una de las legislaciones más avanzadas y exigentes en materia de lucha contra el cambio climático y de transición hacia una economía baja en carbono.
Todo este proceso, basado en la búsqueda del consenso y en la creación de políticas, medidas e instrumentos de lucha contra el cambio climático, ha permitido tomar conciencia de que la gestión y monitorización de los riesgos climáticos se conviertan en un objetivo clave, urgente e inaplazable para la comunidad internacional en general, y, en particular, para la Unión Europea. De hecho, el World Economic Forum (WEF), en su último informe sobre riesgos globales, coloca a los riesgos ambientales por encima del promedio en términos de probabilidad y severidad (impacto) en un horizonte temporal de 10 años.
En esta línea, la Unión Europea ha acelerado el paso en la transición hacia una economía baja en carbono en la que la banca y los mercados financieros van a tener un papel crucial generando los recursos financieros necesarios para abordar uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la Humanidad, el cambio climático.
A tal efecto, la Unión Europea ha promovido dos iniciativas que van a ser fundamentales en los próximos años y que están definiendo los cambios legislativos y regulatorios que se avecinan. Por un lado hablamos del Task Force on Climate- Related Financial Disclosures (TFCD), que, a través de una serie de recomendaciones, insta a las empresas a reportar sobre el impacto de su actividad en el cambio climático; y, por otro, nos referimos al High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG), promovido por la Comisión, y cuyo informe final va a permitir a la UE fijar una estrategia europea relativa a las finanzas sostenibles en la que va a verse implicado el conjunto del sector bancario.
En este sentido, el Grupo Cooperativo Cajamar ha participado muy activamente muy activamente en estas iniciativas a través de la Asociación Española de Banca (AEB), de la European Association of Co-operative Banks (EACB), de Forética y de Spainsif aportando propuestas relacionadas con el nuevo escenario que se abre para el sector financiero, y en particular para la banca cooperativa.
Además, el Grupo Cooperativo Cajamar es líder del Clúster de Cambio Climático de Forética, a través del cual está participando en la ronda de consultas que el Gobierno español está realizando durante el proceso de redacción del borrador de la próxima Ley de cambio climático y transición energética que verá la luz en el primer semestre del presente año y la línea de acción de cara a 2020 del Plan nacional de adaptación al cambio climático.
El Grupo Cooperativo Cajamar, a través del Informe integrado, desde hace años viene anticipando todos estos avances regulatorios aplicando la metodología más aceptada en materia de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Anualmente la entidad reporta al Carbon Disclosure Projedct (CDP) dichas emisiones, y en 2017 obtuvo la calificación de A-, siendo la tercera entidad bancaria mejor posicionada en el ranking nacional en este ámbito.
En 2017 entró en vigor la norma que traspone la directiva europea de información no financiera, que obliga a las entidades significativas, como es el caso del Grupo Cooperativo Cajamar, a incluir información relativa a su impacto social y ambiental en su Informe de gestión, información que se venía divulgando desde hace años a través del Informe integrado.
Las entidades bancarias deben, por tanto, ir adaptando este nuevo marco regulatorio con nuevas estrategias de sostenibilidad, así como anticipando el que entrará en vigor a corto y medio plazo con objeto de ir identificando y gestionando los nuevos riesgos asociados al clima para minimizar los costes en términos de gestión y en términos de capital regulatorio. Y siguiendo las recomendaciones del TFCD, los riesgos a los que la banca tendrá que hacer frente planteando distintos escenarios, será fundamentalmente riesgos de transición (político-legales, tecnológicos, de mercado o reputacionales) o riesgos físicos (agudos y crónicos) tales como las situaciones climatológicas extremas (pedrisco, sequías, volatilidad de los precios agrícolas…)
Pero todo este proceso no solo implica exclusivamente costes y riesgos, también implica nuevas oportunidades que el sector bancario ha de saber detectar propiciando un balance positivo de la transición hacia una economía baja en carbono y en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que marcarán la agenda de la sostenibilidad durante los próximos años en todo a escala global.
La vinculación de la banca cooperativa a los sistemas productivos locales y al sector agropecuario y agroalimentario nos pondrá en una posición ventajosa si se saben identificar los riesgos y oportunidades de este nuevo marco regulatorio acelerado fundamentalmente por el regulador y los inversores institucionales. Dicha posición ventajosa viene determinada por nuestra naturaleza social y por el papel crucial que la agricultura/ganadería y el sector agroalimentario tienen en la lucha contra el cambio climático y en los ODS. De hecho, no hay sectores más transversales para los 17 ODS y sus 169 metas que el sector agropecuario y el sector financiero, es decir, nuestros dos sectores estratégicos.
