En las últimas tres décadas España ha experimentado un importante crecimiento económico, acelerado por su incorporación a la Unión Europea en 1986. Además, su entrada en la Zona Euro le ha permitido acceder a un marco de estabilidad macroeconómica con tipos de interés bajos y acceso relativamente fácil a la financiación. Familias y empresas han podido acceder al crédito y propiciar uno de los crecimientos económicos más importantes de su historia contemporánea. La existencia de una arraigada banca social, unida a una alta tasa de bancarización en nuestro país, contribuyeron a que la exclusión financiera fuera marginal, afectando exclusivamente a los grupos de población más vulnerables.
No obstante, la crisis financiera de 2008 ha cambiado radicalmente la situación en cuanto a la inclusión financiera. El sector bancario, que era uno de los más solventes y de los tecnológicamente más avanzados del mundo, ha experimentado una extraordinaria transformación, tanto en términos de oferta como de demanda. Desde el punto de vista de la oferta se ha producido una importante pérdida de diversidad, reduciéndose sustancialmente el número de operadores y su heterogeneidad. La desaparición de facto de las cajas de ahorro ha reducido sustancialmente la presencia de entidades de carácter social en sector bancario, habiéndose reducido paralelamente la presencia del conjunto de sector bancario en los territorios, especialmente en los menos poblados, como consecuencia del cierre de oficinas y de la optimización de la red comercial. Esta nueva situación se ha traducido en un deterioro en la confianza de los ciudadanos en el sector.
Por su parte, desde el punto de vista de la demanda, y como consecuencia de la crisis económica, del colapso del sistema de garantías y del sobreendeudamiento privado, se ha producido un importante deterioro en la solvencia de las empresas y familias que ha tenido notables efectos, inicialmente, en el acceso a la financiación y, posteriormente, en el acceso al conjunto de productos y servicios financieros.
Los cambios acaecidos en los últimos años en España en el sector financiero, como consecuencia fundamentalmente de la crisis económica y la restructuración del sistema bancario, han tenido como consecuencia, entre otras, el aumento de la exclusión financiera. En este sentido, las elevadas tasas de bancarización de nuestro país no han sido suficientes para contrarrestar este efecto como consecuencia de la aparición de otros factores explicativos de la nueva situación relativa a la inclusión financiera.
Podemos hablar en consecuencia de nuevas formas de exclusión financiera en nuestro país que han de encontrar solución a partir de una nueva concepción de las finanzas inclusivas. Y precisamente el papel de las finanzas inclusivas y de un sistema financiero incluyente es fundamental para la reducción de la pobreza, la mejora del bienestar de los ciudadanos, la gestión eficiente de los recursos financieros, la eliminación de las desigualdades, así como para la promoción de la economía formal y el desarrollo económico. En definitiva, la inclusión financiera es un elemento capital para la consecución de la inclusión social y el desarrollo armónico de las sociedades, permitiendo el acceso, tanto a las familias, con independencia de sus ingresos, como a las micro y pequeñas y medianas empresas, a productos y servicios financieros diversos, adaptados, confiables y de calidad.
Los principales obstáculos para la inclusión financiera son, entre otros, la distancia física y/o tecnológica de las personas a los productos y servicios bancarios de calidad, la falta de capacitación y educación financiera para comprender el alcance y el riesgo de los mismos, la falta de una adecuada relación calidad/precio de los productos y servicios financieros, la ausencia de una adecuada segmentación de los usuarios, el establecimiento de mecanismos complejos y farragosos de tramitación y contratación, la ausencia de mecanismos adecuados de segunda oportunidad, la eventual falta de confianza en las entidades financieras, y la falta de mecanismos adecuados y efectivos de protección del usuario.
El avance hacia un sistema financiero incluyente, a través de iniciativas de finanzas inclusivas, se debe basar fundamentalmente en tres grandes ámbitos (pilares de las finanzas inclusivas) de actuación:
• Acceso al crédito, y, por extensión, al conjunto de productos y servicios financieros.
• Educación financiera.
• Protección del usuario bancario.
Con respecto al primer pilar de las finanzas inclusivas, hemos de decir que el diagnóstico de la situación en España es preocupante por la dificultad de muchas familias y empresas que se encuentran en situación de sobrendeudamiento y en situaciones patrimoniales jurídicamente irregulares. La falta de mecanismos de segunda oportunidad dificulta seriamente el reingreso de muchas familias y empresas al circuito bancario, habiéndose producido en muchos casos el paso de la exclusión financiera a la marginalidad financiera.
Con respecto al segundo pilar, hemos de decir que, aunque la situación inicial en España no era alarmante, sí es cierto que ante la complejidad de los productos bancarios que se han comercializado en los últimos años, y ante el profundo proceso de transformación digital al que se está viendo sometida la industria bancaria, se ha detectado la necesidad de desarrollar programas de alfabetización, educación y capacitación financieras.
El tercer pilar ha empezado a gestionarse recientemente con las medidas de protección del deudor hipotecario puestas en marcha por el Gobierno español. Entre las iniciativas legislativas es preciso destacar el código de buenas prácticas bancarias. Prácticamente la totalidad del sector bancario en España se ha adherido voluntariamente a este código porque son conscientes de la necesidad de introducir importantes cambios en el sector.
Francisco Cortés García
Área de RSC y Calidad Global (BCC)
