Francisco Joaquín Cortés García Director del Área de Sostenibilidad de Grupo Cooperativo Cajamar opina que la crisis financiera que hemos vivido recientemente, unida a la actual recesión económica derivada de la COVID-19 y la hibernación de la economía, han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de muchos colectivos que seguramente hubieran estado menos expuestos a situaciones económicas y financieras adversas si hubiesen contado con una mayor y mejor educación financiera.Nos enfrentamos a una realidad mucho más compleja y volátil, caracterizada en lo esencial por una mayor incertidumbre y mayores riesgos que impactan en los mercados financieros y, tarde o temprano, en las economías familiares. Tenemos que hacer frente en los próximos años a tres grandes transiciones que afectarán al conjunto de la economía, pero especialmente a las finanzas y a los riesgos financieros. Nos referimos a la transición ecológica hacia una economía baja en carbono, a la transformación digital, y la transición hacia una economía basada en los intangibles y en el conocimiento. Todo ello pondrá de manifiesto la necesidad de nuevas capacidades generales de la población, especialmente de capacidades y conocimientos de carácter financiero para poder anticipar el largo plazo y planificar de forma adecuadamente su ciclo de ahorro-inversión.
En concreto, los cambios socioeconómicos a los que está sometida nuestra sociedad, tales como una mayor incertidumbre, desequilibrios estructurales en el sistema público de pensiones, el envejecimiento de la población y el subsecuente aumento de la esperanza de vida, entre otros, han puesto de manifiesto la necesidad de planificar mejor nuestras finanzas, gestionar de forma más eficiente el ahorro y pensar más en el largo plazo. Una escasa educación financiera acaba generando un enfoque cortoplacista en las finanzas familiares, con todos los problemas que esto conlleva a la hora de sortear situaciones difíciles sobrevenidas.
Los riesgos aparecidos en la nueva era digital en la que nos encontramos inmersos, los productos y servicios financieros cada vez más complejos, y con mayores implicaciones en nuestro ciclo vital de ahorro-inversión, así como un funcionamiento basado cada vez más en la inmediatez, causan nuevos tipos de exclusión financiara. Los riesgos asociados a estos cambios pueden ser sensiblemente mitigados dotando a la población de capacidades y conocimientos financieros que le ayude a tomar decisiones en el ámbito de las finanzas familiares de manera más formada e informada, impulsando su beneficio propio así como el beneficio social de un país.
La Encuesta de competencias financieras elaborada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, orientada a personas de entre 18 y 79 años, pone de manifiesto que la población española no está familiarizada con conceptos relativamente básicos que inciden directamente sobre su poder adquisitivo, su capacidad de ahorro o su potencial de endeudamiento.
Por su parte, si nos centramos en los distintos informes PISA, que desde el año 2012 incluyen una sección específica de preguntas sobre competencias económicas y financieras, observamos que los estudiantes españoles presentan un nivel de conocimientos financieros significativamente inferior a la media de los países de la OCDE. En este sentido, se agrava la situación de los jóvenes en España como consecuencia de que, en la última década, a pesar de haber logrado reducir la tendencia del abandono escolar temprano, el porcentaje continúa siendo muy elevado en términos relativos.
Esta situación se complica si observamos nuestro mercado laboral. De entre los jóvenes en situación de desempleo, el nivel de estudios predominante es bajo. El nivel de estudios alcanzado determina la situación de la población en el mercado de trabajo, de forma que, a mayor nivel de estudios mejora la situación en el mercado laboral. Esta característica se presenta mucho más marcada entre la población juvenil. Los jóvenes con niveles de cualificación más altos presentan una mayor empleabilidad; en cambio, los que tienen una menor cualificación presentan una mayor vulnerabilidad ante situaciones adversas.
Según lo dicho anteriormente, existe un consenso general que apunta a que hay una relación directa y positiva entre la educación financiera de un país y la capacidad que este tiene para hacer frente a las inestabilidades económicas, sociales y políticas, poniendo de manifiesto que la educación financiera haya adquirido a nivel general un papel protagonista como elemento fundamental de protección de consumidor financiero.
(Artículo publicado en Diario responsable 06 de octubre 2020)
